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El Tribunal Supremo considera improcedente el despido de un vendedor por no cumplir con los objetivos mínimos pactados en su contrato de trabajo, al considerar abusiva y, en consecuencia, nula, la cláusula de rendimiento mínima fijada en el contrato de trabajo.

La Audiencia Nacional avala el ERTE por causas derivadas del Covid-19 de una empresa, a pesar de que parte de la plantilla pueda teletrabajar, ya que lo importante en estos casos es que los empleados se adapten a las necesidades productivas de la empresa.

El Tribunal Supremo determina que la indemnización por despido improcedente en años bisiestos debe calcularse hasta la fecha del cese en la prestación de servicios dividendo el salario anual entre 365 días, y no entre 366.

El TC estima la demanda interpuesta por una enfermera a la que le fue denegado el permiso por hospitalización solicitado para atender a su hermana tras dar a luz y considera que el Servicio Vasco de Salud vulneró su derecho a la igualdad.

El TSJ considera que una empresa de ambulancias, al no cumplir con las medidas cautelares impuestas con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, ha vulnerado el derecho fundamental a la vida e integridad física de sus trabajadores.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo interpuesto por una facultativa que vio reducidos los períodos de descanso retribuidos tras una guardia médica como consecuencia de la reducción de jornada por cuidado de hijos que ésta tenía.

El TSJ de Madrid desestima el recurso interpuesto por una trabajadora que solicitó un cambio de turno para poder disfrutar de la reducción de jornada por guarda legal por no estar el horario de la reducción dentro de su jornada ordinaria.

El Tribunal Supremo determina que el permiso retribuido por hospitalización de familiares requiere para su concesión que el enfermo pase al menos una noche en el hospital.

La Audiencia Nacional admite la posibilidad de que la empresa utilice el email corporativo para comunicar a los trabajadores su inclusión en el ERTE por Covid-19 al ser una vía válida teniendo en cuenta la situación extraordinaria de estado de alarma.

El TJUE resuelve una cuestión prejudicial planteada por una compañía establecida en Chipre y determina que el empleador de los conductores de vehículos de transporte internacional por carretera es la empresa que ejerce el poder de dirección efectivo y no la empresa con la que han celebrado un contrato de trabajo.

El TS estima el recurso interpuesto por una empresa y determina que la reducción salarial del 5% acordada a través de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo no faculta al trabajador a solicitar la rescisión del contrato de trabajo cuando esta medida ocasione un perjuicio mínimo que no hace razonable y proporcional solicitar la extinción.

El TS estima el recurso interpuesto por un sindicato y determina que el tiempo de los empleados de servicios financieros invertido para la formación sobre MIFID II debe ser considerado como tiempo de trabajo efectivo al tratarse de certificaciones obligatorias para que los empleados sigan desempeñando las mismas funciones.

El TS estima el recurso interpuesto por una empresa y reconoce su derecho a compensar y absorber el complemento personal con los incrementos salariales por promoción profesional y antigüedad a pesar de no ser conceptos homogéneos, al venir dicha posibilidad expresamente admitida en el convenio colectivo de aplicación.

El Juzgado de lo Social número 31 de Madrid estima la solicitud de medidas cautelares de un sindicato y obliga a la Comunidad de Madridque, en un plazo máximo de 24 horas, entregue material de protección necesario a todos los servicios médicos para afrontar la pandemia de coronavirus.

El TSJ desestima el recurso interpuesto por una trabajadora de un contact center y declara que el cambio de funciones entre distintos niveles -de agente de calidad a teleoperadora especialista- se trata de un supuesto de movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional donde la empresa hace uso de su legítima facultad de acordar la misma.

Ante la paulatina reanudación de la actividad económica, algunos establecimientos y centros de trabajo están adoptando medidas encaminadas a prevenir nuevos contagios de COVID19. Entre estas medidas se está incluyendo la toma de temperatura de las personas para determinar la posibilidad de que puedan acceder a centros de trabajo, comercios, centros educativos u otro tipo de establecimientos o equipamientos.

Tabla explicativa con los distintos porcentajes de exoneración de cuotas de Seguridad Social, en función de los tipos de ERTE, que podéis consultar en este ENLACE.

En él se establecen medidas con afectación directa para todas las empresas que se encuentran en ERTE. Por eso, hemos preparado un resumen exhaustivo de la nueva norma, que podéis consultar en este ENLACE.

El 16 de mayo fue publicada en el B.O.E. la Orden SND/414/2020, que establece las medidas aplicables en la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. A pesar de que la citada Orden solamente es aplicable en Canarias (La Gomera, El Hierro y La Graciosa) y Balears (Formentera), entendemos que las medidas aplicables en el resto del territorio nacional serán idénticas o muy similares a estas.

Los RDL 8 y 9/2020 tienen en común, que ambos persiguen evitar que las empresas puedan realizar despidos a lo largo del año 2020.El denominador común de ambas normas es limitar la capacidad de las empresas para despedir este año 2020, y todo ello, bajo la premisa de que estamos ante una situación previsiblemente temporal.

En las últimas semanas, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se ha incremento el número de trabajadores que han tenido que empezar a prestar servicios desde sus domicilios y, por tanto, ha cobrado relevancia la cuestión relativa al registro de la jornada de los teletrabajadores.

El 19 de febrero de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo. Este Real Decreto-Ley suprime la posibilidad de que los trabajadores puedan ser despedidos por las empresas, por la vía del despido objetivo, como consecuencia de las faltas de asistencia al trabajo, aun cuando estas fuesen justificadas.

El presente artículo recoge las distintas novedades legislativas del año 2020 en materia laboral ya aprobadas, así como las cuestiones cuya aprobación se prevé en los próximos meses.

El pasado 28 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) el Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.