Sentencia del TJUE, de 7 de agosto de 2018

¿Una empresa filial está obligada a iniciar el procedimiento para el despido colectivo cuando esta decisión es tomada por la empresa matriz?


Supuesto de hecho
  • Tres trabajadoras con una antigüedad desde 1988 para una de ellas y desde 1992 para las dos restantes, prestaban servicios para una empresa de aviación en el aeropuerto de Tegel en Berlín.
 
  • La empresa de aviación (A) trabajaba exclusivamente para la sociedad B, habiendo sido adquirida esta última en 2008 por la empresa C, adquisición que no afectó a la actividad que realizaba la primera empresa.
 
  • A partir del 30/06/2014, la sociedad B fue rescindiendo de forma gradual los contratos formalizados por la empresa A, que a partir de entonces fueron adjudicados a empresas que no pertenecían al grupo.
 
  • Dado que la sociedad B era el único socio con derecho a voto en la junta general de accionistas de empresa A, en la junta de esta, se decidió dar por finalizadas las actividades de la primera empresa desde el 31/03/15, así como también de disolver la dicha empresa.
 
  • En enero de 2015 la dirección de la empresa A informó del despido colectivo a la representación de los trabajadores, manifestándoles que la empresa B no le había informado de los motivos por los que se debía proceder a tal decisión.
 
  • Dicha inexistencia de información fue reiterada en una posterior reunión con los representantes del personal durante la tramitación del procedimiento de información y consulta, manifestando la empresa que la sociedad B no había comunicado los motivos exactos que subyacían a la decisión de resolver los contratos entre ambas y que habían llevado posteriormente al despido colectivo.
 
  • En fecha 29/01/2015 las tres trabajadoras recibieron la comunicación de extinción de sus contratos a partir del 31/08/2015.
 
  • Contra dicha decisión empresarial, las trabajadoras formulan demanda por despido colectivo desestimadas en instancia, y contra las que se interpusieron recursos ante el Tribunal Regional de lo Laboral de Berlín-Brandemburgo, Alemania.
 
  • El Tribunal tiene dudas sobre la normativa comunitaria aplicable (art. 2.4 de la Directiva 98/59/CE) en relación con la norma nacional que traspuso la Directiva comunitaria (art. 17 de la Ley de protección contra el despido), dando lugar a divergencias en la interpretación.
 
  • Ante esto, el Tribunal decide suspender el procedimiento y plantear ante el TJUE la cuestión prejudicial para determinar la interpretación del concepto de “empresa que ejerce el control sobre el empresario” que procede a toda la tramitación del despido colectivo.
 
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