¿El despido fraudulento sin causa durante la pandemia del COVID-19 es nulo o improcedente?

El TSJ de Cataluña concluye que el despido fraudulento sin causa (también el realizado durante la pandemia del Covid-19) debe ser declarado improcedente, y no nulo, según lo establecido en el RD Ley 9/2020.


Sentencia del TSJ - Cataluña - 23/04/2021 en materia de Despido sin causa durante la pandemia del COVID-19
Resumen

El TSJ de Cataluña concluye que el despido fraudulento sin causa (también el realizado durante la pandemia del Covid-19) debe ser declarado improcedente, y no nulo, según lo establecido en el RD Ley 9/2020. Por otro lado, admite la posibilidad de que, en estos casos, los Tribunales reconozcan una indemnización superior a la tasada, si esta fuera insuficiente. Sin embargo, para ello, es preciso acreditar el daño provocado, lo cual no sucede en este caso, por lo que no procede la indemnización tasada.

Supuesto de hecho
  • El trabajador prestaba sus servicios en una empresa dedicada al arrendamiento de espacios para oficinas desde 2019.
  • En abril de 2020, la empresa comunicó al trabajador su despido objetivo por causas organizativas, alegando “la ineficiencia que supone mantener el puesto de trabajo en que usted ocupa” y poniendo a su disposición una indemnización por importe de 2.550,09 euros.
  • Disconforme con el despido, el trabajador interpone demanda frente a la empresa, solicitando que se declarase la nulidad de su despido, por no existir justa causa.
  • Como petición subsidiaria, solicita que se declare la improcedencia del despido y, en ese caso, que se incluya el abono de intereses moratorios ex artículo 1108 del CC en la indemnización legal por despido improcedente. 
Consideraciones jurídicas
  • La cuestión litigiosa consiste en determinar si todo despido sin causa o con causa ficticia, ha de ser declarado nulo.
  • El Tribunal comienza recordando que el artículo 2 del RDL 9/2020 establece que la fuerza mayor y las causas objetivas en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
  • Dicho precepto pretende impedir que la empresa extinga válidamente un contrato por causas objetivas relacionadas con esa situación que podrían haber motivado la suspensión del contrato o la reducción de jornada basándose en la normativa excepcional del COVID-19.
  • En el supuesto que nos ocupa la empresa no puso fin a la relación laboral con el trabajador con fundamento en causa hábil y legítima, con lo que el despido no podía nunca ser declarado procedente.
  • Además, la extinción está materialmente vinculada a circunstancias objetivas derivadas de la crisis del COVID 19, por lo que aquella lo es con contravención de la prohibición de despedir regulada en el artículo 2 del RDL 9/2020.
  • Así pues, el instituto del fraude de ley impone como sanción a la prohibición del artículo 2 es que, como la extinción objetiva no puede estar amparada en causa legal, la falta de causalidad del cese, a falta de revisión estructural o temporal y coetánea a la legislación especial COVID-19, determina su improcedencia.
  • Por último, en relación con la cuantía de la indemnización, el TSJ reconoce que, en determinados supuestos excepcionales, la indemnización resultante por aplicación de la Ley (33 días/año) puede no resultar "adecuada", no resultando descartable que se superen los límites legales. Para ello, será necesaria la concurrencia de dos requisitos: por un lado, la notoria y evidente insuficiencia de la indemnización por resultar la misma manifiestamente exigua; por otro, que sea clara y evidente la existencia de una ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho en la decisión empresarial extintiva del contrato.
  • Por tanto, puesto que en el presente caso el trabajador no ha alegado los concretos daños y perjuicios, no procede reconocer una indemnización superior a la legalmente establecida.
Conclusión Lexa

El Tribunal Superior de Justicia, desestima el recurso presentado por la empresa y confirma la sentencia de instancia, pues considera que el despido no puede estar amparada en causa legal y por tanto será improcedente, y no nulo. 

Enlace

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